Nunca discuta con un tonto, los que miran pueden no notar la diferencia

domingo, 2 de noviembre de 2014

Contra Zenón
En el diario Perfil del 31/Octubre/2014, Zenón Biagosch escribe un artículo llamado  "Dilemas económicos de la despenalizacion de la droga"  que comentaré usando Comic Sans, ahora que se ha puesto de moda entre los garantistas, y copiando el texto. No quiero sacar cosas de contexto
 "El debate acerca de la despenalización de la tenencia de drogas prohibidas para consumo personal ha de ser abordado sin improvisaciones y desde una perspectiva integral. Posturas liberalizadoras fundamentadas en pseudoargumentos económicos, y creyendo que pueden poner fin a los narconegocios, no aportan a la seriedad que requiere esta discusión.
Despenalizar no es lo mismo que legalizar. Se despenaliza a las personas y se legalizan las sustancias. Legalizar una sustancia implica, en principio, despenalizar la tenencia para su uso personal, pero no por ello su desregulación. Por caso, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos son sustancias legalizadas, pero reguladas.
En esa línea todas las experiencias de legalización, en particular del cannabis, nos demuestran que son severamente reguladas tanto en la cadena de la producción como en la comercialización, calidad, espacios para su consumo, registración de los consumidores, dosis administradas, etc.
¿Estará nuestro país en condiciones de aplicar y supervisar una regulación en tal sentido, más aún considerando que en países desarrollados las mismas son constantemente vulneradas?

Comentario: Nuestro país no está en condiciones de aplicar una regulación de consumo de Sustancias PsicoActivas (SPA en adelante), así como no está en condiciones de aplicar una regulación de prohibición o represión del consumo.
Padece nuestro estado fuertes limitaciones operativas, y adoptar políticas de cumplimiento imposible no ayuda nada.
Poner en entredicho la capacidad de controlar la venta sin mencionar la capacidad de controlar la prohibición no es muy justo.

Aspectos económicos: el mercado de las drogas presenta una situación que, del lado de la oferta, está muy alejado de las condiciones de libre competencia dada su alta concentración y falta de transparencia y, por el lado de la demanda, no existe la llamada soberanía del consumidor de tomar decisiones económicas para su propio bienestar.

Comentario: Por el lado de la oferta el mercado de las drogas es un típico mercado ilegal, donde la autoridad ha dejado de lado su capacidad regulatoria. A partir de casos de envenenamiento con Alcohol Metílico se implementaron una legislación y controles en la manufactura de bebidas alcohólicas. Este legislar en respuesta a problemas es correcto, ya que ahora no tememos quedar ciegos luego de tomarnos un Vodka. En cambio, prohibir el Malbec porque podría tener A. Metílico es inadecuado.

Por el lado de la demanda se esconde una hipótesis más peregrina: ¿De dónde saca el autor el concepto de que consumidor no es soberano? Sin duda cada consumidor conoce su deseo y no podemos asumir que otro ente en este mundo sepa más en esta materia. Es posible que adopte decisiones económicas que perjudiquen su bienestar aunque no es muy probable. Y como parte de su bienestar consiste entre otras cosas, en tomar decisiones, poder errar y hacerlo es inseparable.

Bajar barreras de entrada de nuevos oferentes al mercado podría generar mayor competencia y rebaja de costos y precios y lógicamente una fuerte suba de las cantidades demandadas derivadas del acceso a este mercado de nuevos consumidores.
Comentario: Esto sería de Perogrullo salvo que no reparemos en la petición de principios implícita: Si no hubiera prohibición aumentaría el consumo porque todos consumimos sin otro límite que el económico.
Estoy en desacuerdo con el autor y creo que el ejemplo de él mismo, con situación económica mejor que la media y no consumiendo PSA ilustra suficientemente el caso.

Se infiere entonces que el negocio de los narcotraficantes disminuiría, pero a costas de consecuencias sociales imposibles de cuantificar, en particular de la salud pública. Decimos se infiere, puesto que en este análisis no consideramos un mercado negro que tendrá más adictos y que, seguramente, abastecerá las cantidades demandadas que el mercado regulado no puede abastecer.
Entonces, ¿cuál es el sentido de aumentar –y mucho– el número de consumidores / adictos, carentes de voluntad? Si es sólo una supuesta disminución del negocio, los costos siguen siendo mayores que los beneficios. Se acaba pues el dilema económico, resultando necesario abordar el tema también desde otras perspectivas.

Comentario: El dilema económico está planteado incorrectamente:
Toda situación de mercado es muy compleja, con fuertes efectos de realimentación, sinergias y memoria. Sólo a efectos de modelizar definimos arbitrariamente los límites del negocio (externalizamos lo que deseamos que quede afuera) y asumimos beneficios de los agentes por sus preferencias reveladas.
En la situación actual de mercado prohibido la sociedad gasta recursos combatiendo la producción, distribución, comercialización  y, a veces, incluso el consumo haciendo que el mercado se encarezca favoreciendo a unos  jugadores y sacando del mercado a otros.
En una situación alternativa la sociedad gastaría recursos atendiendo al control de la cadena de comercialización, distribución y consumo, aunque cobrando por ello, y en la recuperación de adictos, probablemente en mayor cantidad que ahora. El mercado se haría más barato, favoreciendo algunos actores y dejando fuera del mercado a otros.
Para evaluar el resultado económico de la situación alternativa deberemos acordar los límites del mercado a estudiar y hacer experimentos. Cualquier afirmación alegre de causas y consecuencias en este caso es irresponsable y el autor no podría estimar un aumento de demanda dada una reducción de precio de venta, y mucho menos una evaluación del aumento de costos.  
   
Aspectos ético-morales: es obvio que el drogadependiente, al depender de una adicción, no es libre ni puede manejar su propia voluntad.
El consumo de drogas no es un ejercicio de la libertad. Pareciera entonces una utopía querer darle libertad para drogarse a quien, por principio general, depende de una adicción.
Comentario: Un alcohólico es aquel que toma más que su médico. Consumir PSA es un ejercicio de libertad, como comprar un caramelo en el kiosco o cruzar la calle. Quien las consume puede o no desarrollar una dependencia y puede o no morir de sobredosis, pero no toda compra de caramelos en el kiosco produce caries y obesidad, ni toda cruce de calle termina con el arrollamiento del peatón.  

Desde la dimensión moral drogarse es siempre ilícito por ser una renuncia injustificada e irracional a pensar, querer y obrar como persona libre. El juicio de ilicitud de la droga no es un dictamen de condena al drogado. La vía de recuperación no puede ser ni la de la culpabilidad ética ni la de la represión legal, sino impulsar sobre todo la rehabilitación.
La droga es contra la vida. El ser humano no tiene la potestad de perjudicarse a sí mismo y no puede ni debe jamás abdicar de la dignidad personal que le viene de Dios y menos aún tiene facultad de hacer pagar a otros por su elección.
Comentario: En este párrafo está el nudo del problema:
Quien es adicto a una PSA está en el mismo lugar moral que una persona obesa, adicta a la comida. En el mismo predicamento que un trabajador de tiempo completo, sea un gerente de alto rango o un novelista, adicto al trabajo y su adrenalina. Padece la misma pretendida limitación a su dignidad humana que un enamorado, adicto a las endorfinas que le provoca la persona de quien está enamorado.
El apartado, con su lógica escolástica, nos recuerda cosas como "Pues hay Dios que es todo bondad y existe el mal, es menester que haya un Malo de donde proviene este mal…" El autor está trasegando manuales de catequesis sin avisar.

Aspectos jurídico-institucionales: nuestros antecedentes legales muestran una posición alineada a los compromisos internacionales, los cuales son contrarios a la despenalización. Asimismo, existe jurisprudencia que reafirma la constitucionalidad de dichas normas sosteniendo que la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal no se dirige a la represión del usuario, sino a reprimir el delito contra la salud pública, privilegiando el interés general de la sociedad sobre el interés particular del adicto, abarcando incluso la protección de valores morales, de la familia, de la sociedad, de la juventud y de la niñez.
Comentario: La biblioteca está dividida: Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX se impuso el criterio de penalizar las PSA. Hasta los treintas las PSA se vendían como cualquier otra droga farmacéutica y si bien había adictos no es que hubiera una epidemia de cocainómanos, salvo entre músicos y otros artistas que suelen ser una población con tendencia al consumo recreativo.
En los últimos años hay legislaciones en el mundo que, respecto a las PSA, aconsejan no hacer nada, otras que legislan la venta y otras que suministran PSA a los adictos.
Aceptar alegremente que los compromisos internacionales nos llevan a la no despenalización es una tontería: sería como ser abortista porque hay infinidad de países que permiten, que financian el tratamiento médico o incluso recomiendan el aborto.    

Si bien existen fallos que privilegian las acciones privadas amparadas por la Constitución, los mismos se fundamentan en que dichas acciones cumplieron con condiciones esenciales tales como la privacidad del acto, la no promoción del mismo, la no afectación a terceros, la no ofensa al orden y la moral públicos y la certeza de que la persona no forma parte de una red de comercialización. También, todos instan al Estado a tener adecuadas políticas asistenciales.
Cualquier modificación a la norma legal vigente implicaría renunciar a convenciones internacionales que hoy tienen rango constitucional. Asimismo, estaríamos privando al Estado de una herramienta esencial para poder aplicarle a un adicto una posible medida asistencial, objetivo primordial de nuestra legislación vigente. De su lectura integral se puede percibir a las claras que la intención de la misma está lejos de pretender penalizar a un adicto sino, por el contrario, dotar al Estado de herramientas que permitan aplicarle una medida curativa, educativa y de reinserción.
Comentario: El estado debería tener adecuadas políticas asistenciales. No las tiene, y gasta recursos persiguiendo los más bajos eslabones de la cadena comercializadora y capturando consumidores recreativos que superaron un arbitrario límite de posesión de x gramos.
Legalizando la producción, distribución y comercialización estaríamos como con los psicotrópicos (no hay una epidemia de consumo de Haloperidol), o como con el alcohol etílico o el tabaco.
Justamente es al revés: como estas actividades son ilegales y perseguidas no tenemos recetas archivadas que permitan hacer un seguimiento al adicto, no tenemos fabricantes registrados, por lo que desconocemos si hay aumento del consumo, o la efectividad de las políticas de desalentar el mismo. Tampoco hay  un ANMAT que legisle sobre la calidad mínima a cumplir, las concentraciones, y las condiciones de comercialización.

Aspectos sociales: un aumento generalizado del consumo traería consecuencias en diferentes niveles de la sociedad, debido a los efectos farmacológicos propios de este tipo de sustancias. Seguramente tendríamos más casos de bebés con malformaciones, muertes de fetos y recién nacidos y síndromes de abstinencia neonatal resultantes del consumo de drogas durante el embarazo.
Los niños presentarían daños en su desarrollo físico y mental, con las consecuentes alteraciones de conducta y de aprendizaje, situación que se agravaría en la adolescencia, provocando trastornos en la personalidad.
En la población adulta se profundizaría el ya vigente cuestionamiento acerca del desempeño de diversas tareas de responsabilidad bajo los efectos de drogas. Por caso, imagino que nadie querría viajar en un avión conducido por un piloto que está drogado. El riesgo a terceros es claro.
Comentario: No puedo estar más de acuerdo con el autor: hay que desalentar el consumo de PSA en embarazadas y de personas en puestos de responsabilidad, tales como el trabajo en bufetes de abogados, y regular el uso por los conductores de vehículos terrestres, aéreos o náuticos.
Claro que la prohibición de producción, distribución y comercialización de PSA no mejora ni empeora estos aspectos de salud pública o laboral.
Ahora bien, con independencia de lo expuesto, vemos esperanzados que la sociedad empieza a vislumbrar y tener conciencia de que el fenómeno de los narconegocios se erige como la principal amenaza a nuestro país. Incluso hasta importantes ámbitos del mundo empresario discuten ahora esta temática por entender que también afecta el orden económico y nuestro ambiente de negocios.
La máxima autoridad de nuestro Poder Judicial advirtió que este fenómeno ya está afectando el Estado de derecho. Esperamos que nuestra sociedad logre organizarse e impida que algún día nos termine gobernando.
Comentario: Mientras los miles de muertos eran una cosa que pasaba en Medellín o Ciudad Juárez podíamos hacernos los tontos. Ahora que tenemos cuatro kioscos de venta de PSA por manzana de Rosario ya no podemos. Es hora de darnos cuenta que hemos perjudicado la libertad individual en pos de un pretendido interés general. Hemos fallado en nuestro propósito de evitar la comercialización y ahora es el momento de recalcular las políticas públicas en la materia.     
Así como el autor trafica a San Agustín, yo también puedo traficar mi fundamentalismo favorito: La razón primera por la que legalizar la producción, distribución y comercialización de PSA es que la prohibición disminuye la libertad y bienestar de al menos una persona, sin mejorar el bienestar de nadie (salvo quizás de la policía antinarcóticas, para quienes propongo una reeducación y refuncionalización). Todos tenemos derecho a snifarnos la cabeza como nos plazca, y nadie tiene derecho a impedirlo. ¿Por qué?, se pregunta Zenón. Pues porque hemos sido hechos con libre albedrío, muchacho, y no es propio de los hombres tener un ángel volando por encima que nos evite un mal trago.

Luego podremos hacer consideraciones económicas que, como vimos, no son fáciles, consideraciones morales que exigen una mayor clarificación y acuerdo en el sistema de valores elegido y otras consideraciones jurídicas y aspectos sociales desde posiciones que no se abroguen una lectura justa del tema, excluyendo otros puntos de vista por improcedentes o malignos.