Hay algunas acciones de los gobiernos que no favorecen mayormente a nadie, y que introducen dificultades a todos.
Tiro un par de ejemplos:
Hay una ley en la provincia de Bs.As. que impide la venta de bebidas alcohólicas de 21 a 10 hs.
Si bien no leí los considerandos de la famosa leyecita, puedo imaginarme que fue la respuesta de la inspirada legislatura ante voces alarmadas por el consumo alcohólico de jóvenes. O alguna calamidad parecida.
Claro, un día llega alguien a la cámara y dice: ¿Cómo podemos dar alguna respuesta, la que sea, para mostrar que trabajamos, cuando sacan primeras planas los diarios mostrando borrachos en San Patricio? ¿Qué les decimos a los papis que se les emborrachan los vástagos en la “previa”? Y sacan algo… Y allí va.
Demás está decir que el tiempo y esfuerzo usado en hacer este monstruo legal podría haberse dedicado a cosas útiles. Se les paga para eso, ya que estamos.
Como podemos imaginar, esa ley no es muy efectiva reduciendo el consumo de alcohol juvenil, o mejorando la sociedad de manera apreciable. Pero allí está, sólida como un peñón, al que las olas atraviesan.
Su único y mensurable efecto es joderle la vida a los que tienen poco tiempo o desean hacer una compra de ultimo momento. Además de eso obliga a las cadenas de supermercados a emitir carteles explicando la absurda imposición, para proteger a sus empleados del fastidio de los clientes que no lo sabían. Y a repetir por parlantes el texto de la ley, para que los clientes no se ensarten cargando en el carrito lo que no van a poder comprar.
Por supuesto que los almacenes de barrio ni se enteran de la empeñosa ley, a menos que alguien aparezca a cobrarles una coima por haber vendido a las 9 de la mañana un tetrabrik.
Como el resultado negativo es poco medible y su objetivo es irreprochable, esto asegura que la ley seguirá por unos cuantos años.
Pero no es imperio exclusivo de la mayor provincia. Otro ejemplo de la ciudad autónoma.
Argentina tiene una de las más altas tasas de accidentes y el clamor popular por que eso cambie es uniforme.
¿Qué hacer entonces? Hagamos algo, para que vean que trabajamos dijeron unos iluminados. Pergeñaron la idea de que hay que pescar a los delincuentes in fraganti, y utilizando medios que eviten enriquecer a los agentes de tránsito, los que si no se hacen su agosto. Pongamos cámaras “ocultas”, o sea conocidas sólo por los vecinos y los que estén en el ajo concluyeron.
Sembraron de cámaras de fotos las rutas y calles. En especial aquellas por los que la gente va relativamente rápido. De esta manera pescan infractores como en una pecera con red. Hasta han puesto unos simpáticos vehículos con cámaras adentro…
En tiempos recientes, la Corte Suprema de B.A. había declarado ilegal similar accionar, por lo que la medida es, por lo menos, sospechosa en su legitimidad.
Es notable que el control de alcoholemia, que es una medida implementada simultáneamente, se hizo con mucho mejor criterio: Intensa campaña previa seguida de comisiones de dos o tres agentes de tránsito con alcoholímetro. A éstos la gente los ve operar, o alguna vez los vió y sabe que suelen andar por ahí o que escucharon que a un conocido lo retuvieron un par de horas por manejar borracho.
Esto cambió la cantidad de alcohol consumida por todos aquellos que no son borrachos ni delincuentes, y que solían tomar una copita de más casi sin darse cuenta. Como estos son amplísima mayoría, tuvo efecto en la tasa de accidentes.
En similar línea, se podría haber puesto cámaras en lugares de habitual tránsito peligroso, con grandes carteles que avisen de las cámaras y con agentes que paren al infractor, para hacerle perder el tiempo que supuestamente ganaría.
El resultado de recibir una multa fotográfica, en su lugar, es que los conductores tengan más cuidado en el sitio donde les aplicaron una multa. Este efecto se diluye totalmente cuando la citación al juzgado ni llega, como es el caso si el infractor no vive en la ciudad. Los principales perjudicados son los visitantes ocasionales, que no saben que justo en esa curva hay que ir a cuarenta porque hay un cartelito medio oculto que lo aclara, aunque en el resto de la ruta se pueda ir a ochenta.
Poner un cartel que no se ve bien, o que no tiene razonabilidad considerando la ruta, el tráfico o las costumbres no se considera un delito, aparentemente. Por lo que esta tropelía hecha por el gobierno ni siquiera puede ser castigada.
Obviamente, no baja la cantidad de muertos en la ruta. Pero esto ,en lugar de hacer revisar la medida, da argumentos para su extensión y crecimiento: Si en lugar de poner cuarenta cámaras pusiéramos cuatrocientas, ya verían como funcionaría…
El resultado es que todo el sistema de control de tránsito se financia con los giles que fueron pescados. Y capaz que hasta sobra un manguito para pagar algún otro servicio. Otro efecto son las cadenas de e-mails avisando de las dichosas cámaras.
Este juego se llama “cacemos al pajuerano”. Ése que anda más rápido que lo permitido por las arbitrarias leyes que tenemos acá, usa la infraestructura que le prestamos acá y que ni siquiera vota acá.
Es habitual que imaginemos que en las medidas adoptadas en la política haya ganadores y perdedores. Que alguno se favorezca y que otro lo pague. Por eso hay legislaturas donde personas de distintos partidos discuten las leyes y llegan a un acuerdo por votación. Y el ejecutivo es votado para cumplir el mandato que se les dio, mejorando a algún sector aunque eso pueda perjudicar a otros.
No parece haber recaudos para que el sistema esté libre de leyes y reglamentos que no favorecen a nadie por estar mal realizados, implementados, o desactualizados. Ninguna ley puede ser declarada inútil, ni puede ser derogada por ridícula. La mayoría de estas deja de cumplirse y el poder de coerción oficial deja de castigar las que la violan.
O sea, en lugar de morirse, las leyes se retiran a un geriátrico donde sobreviven mal cuidadas y protestando porque los jóvenes no las visitan.
